Código Penal duerme 16 años en el Congreso por el tema del aborto


Dieciséis años lleva ya el proyecto de modificación del Código Penal Dominicano dando tumbos entre el Senado y la Cámara de Diputados; y lo que ha detenido su sanción y posterior promulgación es el tema del aborto; o esa ha sido la excusa que ha impedido actualizar esa legislación que tiene más de 100 años de vigencia.

El Congreso, en esta etapa, hace esfuerzos por aprobar la propuesta que actualizaría la legislación vigente desde 1884, que se ha quedado obsoleta y uno de ellos es dejar fuera del Código el tema del aborto y las tres causales. Estas se refieren a la permisividad del aborto en tres condiciones específicas: (1) cuando existe malformación congénita de la criatura (2) cuando la vida de la mujer corre peligro y (3) en casos de incesto o violación.

No sería la primera vez que la Cámara de Diputados trata de salvar la aprobación del proyecto obviando el tema del aborto y las causales. Fue aprobado en varias ocasiones en ambas cámaras, pero perimía.

No solo las presiones de las iglesias, y organizaciones defensoras de la mujer han impedido que se apruebe el Código Penal, sino también la falta de voluntad política del PLD, que con mayoría en el Congreso durante 20 años, se escudó en el tema del aborto para no actualizar la legislación. Se espera que el PRM, que ahora está en mayoría, logre la sanción de la iniciativa.

En el 2016, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, bajo la dirección de Abel Martínez y con el consenso de diversos sectores de la sociedad. La iniciativa enviaba a una ley especial el controversial tema del aborto. El Senado lo refrendó, pero el presidente Medina lo observó y devolvió al Congreso donde perimió.

El párrafo del Código que mandaba a una ley especial establecía: “La interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”.

La observación que hizo Medina recayó exclusivamente sobre los artículos que van del 107 al 108 que conforman en su conjunto la Sección III del Capítulo I, Título II de la ley, relativos a la tipificación penal de la interrupción del embarazo. “La redacción del artículo 107 de la ley no satisface las exigencias que se derivan del principio de la legalidad, uno de los elementos de la cláusula constitucional del Estado de Derecho”, dijo el mandatario.

Agregó que ese contenido ponía en juego los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas, como el derecho a la vida y a la salud, el respeto a la dignidad humana y a su integridad psíquica y moral, que se constituirían “en auténticas situaciones eximentes de responsabilidad penal”.

Desde entonces, el aborto y las causales ha sido el tema ríspido que ha impedido la aprobación del nuevo Código Penal.

En la actualidad, para salvar la situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, designó una comisión especial que se encargará de estudiar el proyecto de ley especial que incluirá las tres causales del aborto.

Se procederá estudiar las tres causales aparte, en vista de que la Comisión de Justicia a cargo de revisar el nuevo proyecto del Código Penal Dominicano, ha terminado y se prepara para rendir un informe favorable, que será conocido en los próximos días.

Sectores enfrentados

En representación de la iglesia católica, monseñor Víctor Masalles entiende que el tema de la despenalización del aborto amenaza con reabrir “un debate agotado a nivel nacional” y retrasa la entrada en vigor de un marco jurídico, como lo es el Código Penal, “necesario y urgente” en cuanto aporta soluciones a la justicia penal dominicana y respeta íntegramente la Carta Magna.

“La iglesia católica está completamente de acuerdo con el proyecto de Ley de Código Penal tal como ha sido presentado hace unos días en la Cámara de Diputados, (sin las causales) pues se apega fielmente a los principios constitucionales que rigen la República Dominicana y es el fruto de largos años de debates y discusiones que llevaron a construir el consenso actual”, expresa Masalles en representación de la Conferencia del Episcopado.

Las iglesias evangélicas no se quedan atrás y han reiterado su posición en contra de la aprobación de la interrupción del embarazo bajo cualquier causal.

Los concilios que agrupan más del 90 por ciento de las iglesias evangélicas del país, organizaciones cívicas y representantes de varias denominaciones cristianas han advertido que no van a prosperar los planes de esos grupos que son los que presionan y hacen hasta manifestaciones violentas con tal de imponer su criterio.

La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres insiste en la necesidad de que las tres causales para permitir el aborto permanezcan en el proyecto de reforma del Código Penal y su posición responde a la desconfianza en que la Cámara de Diputados logre sacar una ley especial sobre el aborto.

Nathalia Mármol señala que para que haya un código moderno se necesita la inclusión de estas tres causales y que nos sigamos en esa lista vergonzosa a la que pertenecemos y que incluye a cuatro países en este continente: Haití, El Salvador, Nicaragua y Honduras; mientras que Sergia Galván plantea: “La despenalización no impone el aborto, solo permite que pueda realizarse en condiciones legales si así lo decide la mujer”.

El diputado Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados afirmó que aun no se ha tomado una decisión sobre las tres causales y que ponderarían la información presentada La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres para que sean integradas en el Código Penal.

El diputado explicó que, además de analizar la incorporación de estas excepciones, se podrían considerar también como alternativas la eliminación del tipo penal (artículos del 107 al 110) para luego regular las tres causales en una ley especial, o introducir un texto transitorio que remita la regulación de estas tres causales a una ley especial.

“Es el objetivo de cada uno de nosotros los diputados, del presidente Alfredo Pacheco y, de Alexis Jiménez en especial, de que nosotros demos salida a la mora legislativa, y la mora legislativa es cumplir con estas necesidades: dar un código ágil, un código a tiempo, y, si Dios lo permite, vamos a tener un informe y vamos a seguir conciliando y buscando lo mejor para el país y para la mujer dominicana”, expresó.

El proyecto y sus novedades

Tiene fuertes sanciones contra la corrupción administrativa. Serán penalizados los que efectúen disparos al aire, los que realicen experimentos biomédicos no consentidos, quien obstaculice las medidas de socorro, el abandono de una persona adulta que no puede protegerse, el arresto ilegal, el arrojo de objetos contra vehículos en marcha, los actos contra el transporte masivo de pasajeros, la discriminación, el robo de identidad y efectuar estudios genéticos sin consentimientos. Estas son algunas de las novedades de la propuesta, sometida por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Mantiene la penalización del aborto, tema que aborda de los artículos 107 al 110 con agravantes y atenuantes para los profesionales de la salud, aunque exime la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible.

Elevar la pena máxima de 30 a 40 años, penalizar la invasión y ocupación de tierras, establecer prisión para el feminicidio en 40 años, castigar el secuestro de 20 a 30 años, y fijar penas de 4 a 10 años a los adultos que lleven a menores a cometer delitos, son algunas de las modificaciones que contempla el nuevo Código Penal.

El robo se sancionará con las penas de cuatro a 10 años de prisión mayor y multa de 7 a nueve salarios; pena de diez a 20 años de prisión y multa de 10 a 20 salarios mínimos y cuando el robo sea precedido, acompañado o seguido de la muerte a la víctima, se sancionará con las penas de 20 a 30 años de prisión mayor, y multa de 20 a 30 salarios mínimos.

Notables actualizaron el Código

La propuesta para modificar el Código Penal fue sometida en el 2004 por el entonces presidente Leonel Fernández, quien designó una comisión especial de juristas para adecuarlo a los nuevos tiempos.

La comisión la integraron Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia; los juristas Ulises Bonelly, José Lorenzo Fermín, Ricardo Rojas León, el director del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Julio Miguel Castaños Guzmán y la directora del Departamento en Santiago, Ilona de la Rocha.



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