Asociación de fiscales quiere saber destino de evaluados


Para el coordinador de la Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDom), Francisco Rodríguez, la preocupación que la procuradora Miriam Germán Brito expuso durante una entrevista con Diario Libre, sobre que hay gente opuesta a ser evaluada, puede tratarse de un error de interpretación ante las quejas de algunos que entienden que no se ha sido del todo transparente en el procedimiento.

Alega que se aprobó un mecanismo de evaluación sin consulta previa, sin la debida publicidad y con aspectos que no serían aplicables a todos los fiscales y procuradores. “Ningún miembro del Ministerio Público se ha opuesto a ser evaluado”, dijo Rodríguez. 

Su planteamiento coincide con el de otro fiscal titular que pidió reservas de su nombre, pero que insiste en que están contentos con la idea de ser evaluados en su desempeño, lo que cataloga como un hito en la carrera, pues nunca se había realizado. 

Sin embargo, refiere los puntos antes señalados de consulta, publicidad o aspectos de evaluación como los escollos que han provocado los cuestionamientos de sus pares en el sistema.

El manual o instructivo para evaluar a los “Titulares de Fiscalías, Procuradurías Regionales y Especializadas” fue aprobado durante la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Superior del Ministerio Público del 17 de agosto de 2022, con la presencia de la Procuradora, como presidente de dicho Consejo.

El procedimiento fue una propuesta de la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, de fecha 12 de agosto del año 2022, y bajo coordinación con la Dirección General de Persecución, conforme se lee en el acta de dicha sesión, colgada en la página web de la Procuraduría.

De acuerdo con el documento, el manual “está planteado para abordar la evaluación de los Titulares de las Procuradurías Regionales y Especializadas y Fiscalías al término de su primer período de cuatro años en la posición y les habilitaría o descalificaría para optar a un segundo período desempeñando una titularidad”.

Los miembros del Consejo parten de que “el Reglamento de Carrera del Ministerio Público al referirse a la evaluación del desempeño en el artículo 73 y siguientes no aborda en forma específica las competencias y habilidades para evaluar a los titulares previo al desempeño de un segundo período, lo cual ha dado lugar a un amplio margen de discrecionalidad en su aplicación”.

El proceso abarcará a 18 fiscales titulares, seis procuradurías regionales y cuatro procuradurías especializadas, se fijó el mes de septiembre como fecha de inicio y un periodo de seis meses para la ejecución.

La herramienta para ello se compone de tres fases: una encuesta-entrevista, auditoría financiera y de gestión de fondos y una auditoría de gestión de procesos a través de la revisión de la documentación procesal, “con el objetivo de identificar el cumplimiento de las normas de persecución penal”.

Consulta previa

El fiscal titular que no quiso ser citado con su nombre señala que, como el diseño del instrumento de evaluación se realizó sin una consulta previa y sin la publicidad correspondiente, viola la Ley 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo; así como la Ley 200-04 de Libre Acceso de la Información Pública.

Se refiere en particular al planteamiento de la Ley 107-13 respecto a que, cuando se elabora un plan o reglamento, se debe tomar en cuenta las alegaciones de los ciudadanos directamente afectados (también del público), sea de forma directa o a través de las asociaciones que les representen.

“Con nosotros eso no ocurrió, no se realizaron reuniones ni con personal ni con las asociaciones”. 

Francisco Rodríguez, a su vez, sostiene que, peor aún, las evaluaciones intentaron llevarse a cabo sin la notificación previa, lo que fue motivo de quejas.

Objetivo final

“Se están asumiendo posiciones que, a veces, parecerían como impuestas o parecerían ser para que ya no haya la oportunidad de usted opinar o que si opina ya no haya tiempo de incluirla”, se queja el coordinador de FiscalDom, gremio que agrupa –según dice- a más de 600 de alrededor de 1,200 fiscales que tiene el Ministerio Público.

Rodríguez también cuestiona que la herramienta de evaluación diseñada no es lo suficientemente clara y cita los aspectos que cree no se deben evaluar.

“La práctica regular es que un procurador fiscal titular, con dos periodos, lo correcto es que se evalúe para enviarlo a corte, pero en este momento no se plantea eso como tal… no se tiene claro si los que ya tienen ocho años serán evaluados para corte y, por eso, estamos pidiendo un poquito más de reglas claras respecto al proceso, saber cuál es el destino final con las evaluaciones”.

Señala que se está buscando evaluar áreas que un fiscalizador no hace. “Por ejemplo, hay aspecto de carácter administrativo, pero si tú no tienes la logística para desempeñar o hacer equis o ye tarea funcional que te corresponde, ¿cómo te pueden evaluar por eso?”, cuestiona. 

Rodríguez insiste en el aspecto económico, recordando que las fiscalías y procuradurías de cortes están en extrema limitación, producto de la falta de recursos institucionales porque el Poder Ejecutivo no les entrega el presupuesto que les corresponde.

Quieren, además, que se respete el escalafón en la carrera, como ordenó el Tribunal Superior Administrativo (TSA) al fallar una impugnación a las bases del concurso para la selección de fiscales titulares que se realizó en 2020. Dichas bases fueron anuladas por el TSA. 

“Creemos fielmente en la buena voluntad de la procuradora y entendemos que será un proceso interesante y limpio, sin embargo, las cosas que están escritas formales son las que valen”, dice. 

Diario Libre procuró una respuesta de la Procuraduría sobre lo señalado, pero, a esta fecha, no se había producido.

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Infografía

Es periodista en Diario Libre.



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